Al dato de que nuestro país es el tercero en el que más crecen los litigios entre los de la OCDE -según explica la profesora de la Universidad de Granada, Virginia Rosales, en el número de Papeles de Economía Española de marzo de 2017-; y a los indicadores judiciales editados por la Comisión Europea que revelan que en España hacen falta 238 días para que los casos civiles, mercantiles o administrativos queden sentenciados frente a los 17 necesarios en Dinamarca; se suma ahora en Galicia la huelga del personal de la administración de justicia que afecta al sector judicial gallego y que ya va por su tercera semana. Y si, como dicen los sindicatos, una semana de paro supone un año de retraso para la justicia gallega, la situación se torna en insostenible.
¿Cuál podría ser una posible solución? Parcial al menos: la mediación, o lo que es lo mismo, optar por un modo de resolver los conflictos sin pasar por un juzgado o tribunal, y lo que es más importante, de una forma más económica, más rápida y con un menor coste emocional. Es verdad, la mediación nos sale más barata a todos, tanto al que paga al mediador por resolver sus conflictos en una mediación extrajudicial; como a cualquier ciudadano de a pie que comprueba todos los años la enorme cantidad de recursos económicos derivados del Estado a un servicio que lleva años saturado y por ello perdiendo eficacia; y así como dice el refrán “la justicia que es lenta no es justicia”.
La actualidad gallega nos está demostrando que cuando participamos en un proceso judicial, sea como demandantes, denunciantes, demandados o denunciados los tiempos se escapan a nuestro control, y estamos supeditados al respeto del cumplimento de determinados trámites y formalismos y a la fijación, en su caso, de una vista donde se celebrará el juicio propiamente dicho o la práctica de las pruebas.
Frente a la tramitación judicial, en un procedimiento de mediación logramos un mayor control del tiempo, porque serán los implicados las que con el mediador/mediadora decidan los tiempos, y como se han de desarrollar las sesiones, así pues siendo la finalidad que las partes alcancen el acuerdo o acuerdos, son las mismas quienes integradas en el proceso de mediación van viendo como se va avanzando hasta la solución, porque se trata de un procedimiento que una vez que se inicia, por el propio interés que tienen ellas, se mantiene vivo y en evolución.
En la actual realidad de la huelga que vivimos, la cuestión (donde creemos que el sistema judicial pierde frente al sistema de resolución extrajudicial de conflictos que nos ocupa) es que mientras en un proceso de mediación, las partes avanzan a un ritmo más o menos constante, en un proceso judicial (porque se han de respetar los trámites y formalidades de la correspondiente Ley de Enjuiciamiento, y son los operadores judiciales los que trabajan para garantizar tal cumplimiento) son terceros los que marcan el ritmo de un proceso que una vez iniciado se paraliza (a pesar de que los implicados enfrentados quieran una rápida solución).
Tal y como hemos expuesto, una de las múltiples ventajas que se promulga del proceso de mediación es el tiempo, y efectivamente en el contexto y con las circunstancias actuales, entendemos que se visualiza con mucha claridad.